269.855. Es el número de asuntos que los juzgados de lo penal de toda España tenían pendientes o en trámite de ejecución al cierre del año 2007. Una cifra que pone los pelos de punta cuando se piensa que sólo se refiere a una parte de la Jurisdicción Penal (el 32 por ciento del total), pues no incluye la ejecución de las resoluciones dictadas por cada audiencia provincial, tribunal superior de justicia y por los órganos centrales (Tribunal Supremo y Audiencia Nacional). Semejante volumen de asuntos por ejecutar -que incluye desde el cobro de una multa y la retirada del permiso de conducir al ingreso en prisión de los condenados- está en manos del 5,4 por ciento del total de 4.441 jueces que integraban la planta judicial ese mismo año. Pese a estos datos y a la alarma social que han suscitado errores judiciales como el del «caso Mari Luz», la necesaria modernización de la Justicia se queda en sonoras declaraciones de intenciones de los dirigentes políticos, tanto por parte del Gobierno
Eficiencia Procesal